Antecedentes

Investigadores y empresas biotecnológicas de todo el mundo han utilizado bases de datos públicas, como GenBank, para descargar secuencias genómicas y desarrollar fármacos y variedades agrícolas. Anteriormente, la investigación requería la recolección física de muestras biológicas, pero el avance fulminante de la tecnología de secuenciación ha transformado los propios recursos genéticos en Información de Secuencias Digitales (DSI). Esto permite a los investigadores acceder fácilmente a información genética de plantas raras de la selva tropical o microorganismos de las profundidades marinas con solo unos clics.

Sin embargo, esta apertura de datos ha reavivado el conflicto entre los países ricos en recursos y las empresas multinacionales. El Protocolo de Nagoya, en vigor desde 2014, establece el reparto justo de los beneficios derivados de los recursos genéticos, pero la DSI, al carecer de entidad física, se encuentra en un vacío regulatorio. Países en desarrollo con alta biodiversidad, como los de la Amazonía o África, denuncian que las grandes empresas farmacéuticas y biotecnológicas de países desarrollados obtienen beneficios comerciales astronómicos mediante el uso gratuito de sus recursos genéticos en formato de datos, sin asumir los costes de conservación. Por eso era urgente contar con una solución realista para garantizar los fondos necesarios que impidieran el aprovechamiento comercial gratuito de los datos genómicos públicos y protegieran el ecosistema.

Hallazgos clave

Los líderes mundiales presentes en la 17ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15) criticaron duramente a las empresas que utilizan información genética pública por ignorar prácticamente el pago de contribuciones para la conservación de la naturaleza. Aunque se lanzó el Fondo Cali como un fondo de contribución voluntaria bajo el mecanismo de reparto de beneficios acordado en cumbres anteriores, se señala que la recaudación real es muy inferior a las expectativas iniciales.

Según el informe de la conferencia, se estableció un criterio que recomienda a las grandes empresas (con activos superiores a 50 millones de dólares o ingresos anuales de más de 20 millones de dólares) que obtienen beneficios mediante el uso de datos genómicos públicos, realizar contribuciones voluntarias del 0,1% de sus ventas o el 1% de sus beneficios netos. Se identificó a cientos de empresas globales líderes en los sectores farmacéutico, biotecnología agrícola y cosmético como posibles contribuyentes, pero se confirmó que la proporción de empresas que realmente aportaron al fondo fue inferior al 5%.

Mientras que el sistema actual del Protocolo de Nagoya genera altos costes administrativos debido a la dependencia de complejos contratos bilaterales entre países, el modelo de fondo multilateral busca una recaudación global transparente. No obstante, se ha evidenciado la limitación de un sistema de pago voluntario sin carácter obligatorio. Los países representantes de América del Sur y África condenaron como una práctica injusta el aprovechamiento de la naturaleza de bien público de las bases de datos abiertas por parte de las grandes farmacéuticas, sin cumplir con sus obligaciones de conservación de la biodiversidad.

Significado y perspectivas

Este conflicto ilustra claramente el punto en que chocan frontalmente la libre circulación de datos y la definición global de recursos, valores fundamentales de la Ciencia Abierta (Open Science). En el ámbito académico, existe la preocupación de que la creación de barreras de costes o regulaciones administrativas excesivas para el acceso a datos genómicos pueda ralentizar significativamente la investigación básica en ciencias de la vida y el desarrollo de vacunas para nuevas enfermedades infecciosas. Los investigadores sostienen que las bases de datos de acceso abierto son el oxígeno del ecosistema de investigación.

La industria también da muestras de no ocultar su desconcierto. En tecnologías de vanguardia como la biología sintética o el diseño de proteínas basado en inteligencia artificial, que cruzan y aprenden de decenas de millones de datos públicos, resulta prácticamente imposible rastrear el origen de una secuencia genética específica para calcular su contribución al producto final. Ante la falta de criterios claros para cuantificar cuánto valor comercial genera cada secuencia, las empresas consideran que incluso las donaciones voluntarias podrían representar un riesgo legal.

En última instancia, se prevé que la comunidad internacional mantenga un intenso debate sobre la introducción de obligaciones legalmente vinculantes más allá de las contribuciones voluntarias. Mientras los países de origen exigen con fuerza la introducción de normativas vinculantes sobre la distribución de cuotas, los países desarrollados y el sector industrial mantienen una postura cautelosa alegando un debilitamiento de la competitividad industrial. Si no se logra un compromiso que mantenga el intercambio ilimitado de datos públicos y, al mismo tiempo, apoye de forma estable la conservación de los ecosistemas en los países en desarrollo, el sistema global de cooperación en investigación biológica corre el riesgo de fragmentarse.