Antecedentes

De las más de 7,000 enfermedades genéticas raras en el mundo, solo alrededor del 5% cuentan con tratamientos aprobados. Debido al bajo número de pacientes y la falta de datos básicos sobre el curso natural de las enfermedades, las grandes farmacéuticas han dudado en investigar por la baja rentabilidad frente a los costes de desarrollo. Los pacientes y sus cuidadores, ante la urgencia de oportunidades terapéuticas, han comenzado a fundar sus propias fundaciones de investigación o a recaudar fondos para participar en el emprendimiento de biotecnológicas. Este es el modelo de Desarrollo de Fármacos Centrado en el Paciente (PFDD, por sus siglas en inglés).

Los grupos de defensa de los pacientes intervienen activamente en todo el proceso, desde la definición de variables de valoración clínica (endpoints) hasta las reuniones previas con las autoridades reguladoras. Su dedicación ha actuado como un potente motor para impulsar el desarrollo de pipelines y reducir las barreras de acceso a los ensayos clínicos. Por el contrario, se están produciendo tensiones éticas complejas e inéditas entre la comunidad académica, que debe garantizar el rigor científico; las farmacéuticas, que buscan beneficios comerciales; y los organismos reguladores, que validan la seguridad de la salud pública.

Hallazgos clave

Un estudio de análisis publicado en Nature Genetics identificó tres puntos de conflicto ético estructuralmente recurrentes en proyectos de desarrollo de fármacos para enfermedades genéticas raras liderados por pacientes. Los investigadores rastrearon detalladamente casos de terapias génicas y moléculas pequeñas cuyos ensayos clínicos fueron financiados o gestionados directamente por grupos de pacientes durante la última década.

El primer punto en disputa surge del diseño de los ensayos clínicos y los criterios de selección de pacientes. Las familias con hijos en situación de vida o muerte tienden a preferir el uso de controles de historia natural o estudios de un solo brazo (single-arm study), y muestran una fuerte tendencia a rechazar firmemente la asignación a grupos de placebo. En los ensayos tempranos de fase 1/2, en los que solo pueden participar un número reducido de pacientes, se han producido frecuentes controversias sobre la equidad en la selección de los sujetos, como el caso de pacientes de familias específicas que financiaron el estudio y recibieron prioridad. Esto refleja un choque frontal entre los estándares de seguridad exigidos por las autoridades reguladoras, que requieren una potencia estadística estricta, y la urgencia de las familias de los pacientes.

El segundo conflicto surge en el proceso de fijación de precios tras la comercialización, relacionado con los derechos de propiedad intelectual. A pesar de que gran parte de los costes de investigación inicial se cubrieron con donaciones y crowdfunding, se ha seguido produciendo el caso en el que las empresas farmacéuticas comerciales, tras adquirir la tecnología para ensayos posteriores, establecen precios extremadamente altos que alcanzan cientos de millones de wones anuales. Al derivar los resultados de investigaciones en las que los pacientes asumieron directamente el riesgo hacia derechos de exclusividad de empresas privadas, surge la contradicción de que el propio grupo de pacientes que participó en la recaudación de fondos no pueda garantizar su acceso al tratamiento.

Por último, también resultaron evidentes los problemas de gobernanza de los datos procedentes de los registros (registros de pacientes). Esto se debe a la falta de acuerdos previos sobre a quién pertenecen los activos clave para el desarrollo clínico, es decir, la información genómica y los datos del curso natural de la enfermedad: si a organizaciones sin fines de lucro, hospitales académicos o empresas con fines de lucro. Se han reportado casos de suministro exclusivo de datos de pacientes a farmacéuticas específicas, lo que obstaculiza el desarrollo de compuestos competidores, así como la participación de representantes de grupos de pacientes en la toma de decisiones de contratistas de investigación clínica (CRO) sin una evaluación adecuada de los conflictos de interés (COI).

Significado y perspectivas

Si bien es evidente que la voz del paciente acelera el desarrollo, se advierte que no se puede garantizar la sostenibilidad de los fármacos sacrificando el rigor regulatorio y la ética de la investigación. La desesperación no debe servir como excusa para socavar los estándares científicos o justificar una distribución injusta de recursos.

Los expertos proponen codificar directrices de gobernanza específicas en el momento de la firma de contratos iniciales entre la academia, la industria y los grupos de pacientes. Se elevan las voces que instan a incluir cláusulas de acceso público en los pipelines financiados con fondos públicos, que especifiquen negociaciones de precios razonables tras la aprobación o derechos de suministro prioritario. Asimismo, se considera esencial que comités de bioética independientes intervengan desde la fase de diseño del protocolo clínico para verificar la objetividad de los criterios de selección de sujetos. Dado que el modelo liderado por pacientes ha entrado en una fase de madurez, es momento de establecer un marco normativo con equidad y transparencia, más allá de un desarrollo basado en los sentimientos.