Eli Lilly (LLY) ha interrumpido abruptamente la provisión de descuentos bajo el 340B Drug Pricing Program a ciertos hospitales de EE. UU. que no han cumplido con sus requisitos de presentación de datos. Lilly afirma que los hospitales deben compartir información sobre las prescripciones y la distribución de medicamentos de los pacientes para evitar el doble cobro y el desvío de fármacos. Medicamentos de alto costo como Mounjaro (tirzepatida) y Trulicity (dulaglutida) se encuentran en el centro de estas restricciones. Si bien la empresa presenta esto como un paso necesario para garantizar la transparencia, los analistas de la industria sugieren que es un movimiento estratégico para proteger el precio y la rentabilidad de sus productos de alto valor.

La American Hospital Association (AHA) y otras importantes organizaciones de salud han protestado enérgicamente contra estas medidas y han pedido a la Health Resources and Services Administration (HRSA) que intervenga. Los grupos hospitalarios argumentan que imponer requisitos de presentación de datos para descuentos de medicamentos sin base legal viola el estatuto 340B. Como resultado de esta política, los hospitales vulnerables que atienden a poblaciones de bajos ingresos enfrentan ahora desafíos financieros significativos, ya que deben comprar los medicamentos de Lilly al costo completo de adquisición mayorista (WAC) en lugar del descuento de 20% a 50%. Esto plantea preocupaciones sobre la reducción del acceso a medicamentos asequibles para poblaciones vulnerables.

El mercado de medicamentos con descuento 340B en EE. UU. ha crecido hasta alcanzar los $66.3 mil millones en 2023, impulsado por fusiones y adquisiciones hospitalarias y la expansión de contratos farmacéuticos, un aumento del 50% en dos años. Además de Eli Lilly, Novo Nordisk (NVO) también ha comenzado a implementar requisitos de datos más estrictos para proteger su rentabilidad. Novo Nordisk está implementando políticas similares para sus productos de diabetes y obesidad, incluyendo Wegovy (semaglutida). Los analistas de la industria interpretan estas acciones como un esfuerzo estratégico para controlar la disminución de precios de sus productos líderes y mitigar el riesgo de erosión de márgenes ante la presión gubernamental para reducir los precios de los medicamentos.

La industria farmacéutica intentó anteriormente la transición a un sistema de reembolsos que proporcionaba descuentos a posteriori, pero el tribunal dictaminó que cambiar el sistema sin aprobación del Congreso era ilegal. Sin embargo, la recién electa administración Trump ha mostrado una actitud más flexible hacia la introducción de programas piloto de reembolsos, aumentando la incertidumbre regulatoria. Si las agencias reguladoras o los tribunales federales finalmente ratifican la decisión de Eli Lilly de suspender los descuentos, es probable que otras importantes compañías farmacéuticas globales sigan el mismo camino y exijan presentaciones de datos similares. Esto podría conducir a un cambio significativo en la cadena de suministro de atención médica de EE. UU., con hospitales enfrentando márgenes reducidos y grandes compañías farmacéuticas obteniendo un mayor control sobre los precios.